Por fin se piensa hacer algo realista, reestructurar como lo sosteníamos desde esta columna,  el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que ha creado un mercado negro e informal sin sentido técnico para beneficiar la aprobación de estudios de pre inversión beneficiando “estudios” copiados y/o mal  elaborados, que son condición para que muchas Oficina de Programación e Inversiones  del Sector Público a nivel del Gobierno Central, Regional y Local le otorguen viabilidad pidiendo prebendas (pagos por debajo para darles pase en algunos casos). 

La inversión pública complementa a la privada y se le debe acelerar, año 2014 - 2.4%; 2015 - 2.7%, esto con la finalidad de ayudar al crecimiento económico y aumentar el PBI nacional. El país requiere un shock de inversiones públicas para disminuir brechas de infraestructura y reactivar la economía. 

El concepto de SNIP fue traído el 2000 por los tecnócratas que aún son dueños del MEF y que enseñan en Universidades Diplomados de la metodología, perdiendo el objetivo del Sistema de evitar el despilfarro en los gastos de inversión del Estado. 

La idea con el SNIP era tener un sistema administrativo, utilizado para mejorar la calidad de los proyectos, a través de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas que tienen relación con las fases de estos. Con su aplicación se ha ampliado el ciclo del proyecto con la ejecución de los estudios de pre inversión (perfil y factibilidad) lo que en algún momento exigía la pre factibilidad y busca Eficiencia en la utilización los recursos, Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios relacionados a los proyectos, y mayor impacto socio-económico para la población. 

La pregunta es ¿Con la aplicación del SNIP se incrementó la inversión pública, o mejoró la rentabilidad para la sociedad en su conjunto con el incremento del gasto público?

La respuesta es que el SNIP ha creado un mercado negro en muchas Oficinas de Programación de Inversiones (OPI´s) de los sectores, donde se exigen prebendas para aprobar y declarar viables los estudios, lo que da como consecuencia que existan Proyectos de Inversión Pública (PIP´s) en el banco de proyectos mal formulados y lo más grave, una vez que se ejecutan no generan ningún beneficio a la población, ejemplo de ello es lo que sucede con que actualmente están paralizados, abandonados, mal ejecutados, con arbitrajes, etc.

Una clara observación es que el SNIP no debió aplicarse a los proyectos de inversión pública por igual. Otra es que los “profesionales” que se consideran expertos en formular proyectos del SNIP, empiezan a ofrecer sus servicios principalmente a los Gobiernos Subnacionales del interior del país y lo único que cambian es la ubicación del proyecto, y los análisis respectivos son los mismos, cuando es sabido que cada pueblo tiene una realidad distinta. Un PIP que debe desarrollarse en 60 días, demora 90 días, y lo terminan desarrollando en 210 días 7 meses, por la incapacidad en formular proyectos.   

La eliminación de los estudios de prefactibilidad tampoco contribuye a agilizarlo. El año 2015 se incrementó el techo para los estudios a nivel de perfil, hasta 20 millones de soles, pero nada de lo técnico, aquí debemos ser claros, y establecer qué tipo de proyectos debe pasar la evaluación económica requerida. Por ello los proyectos que tienen que ver con la producción, su mejora, ampliación entre otros deben pasar esta prueba, como los del sector agricultura, producción, transportes, pero no los de educación, salud, investigación, saneamiento, estos últimos pasan mucho tiempo en una evaluación interminable, siendo aprobados por cansancio, o por presiones de los políticos, pero dejando de lado lo técnico, ¿es necesario realizar una evaluación costo- efectividad para decidir si se hace o no una infraestructura educativa?, aquí debe primar los lineamientos de política, o los proyectos para investigación deben pasar por una evaluación costo-beneficio, por eso no se aprovecha nuestra biodiversidad, pasamos más tiempo tratando de demostrar lo que es evidente para intervenir, por ello algo puede ser necesario para proyectos relacionados a la producción. 

Se debe revisar el SNIP profundamente en su etapa de los estudios de pre inversión, capacitación descentralizada y convocar para su operatividad a profesionales con experiencia. De lo contrario, estamos perdidos en el espacio. 

Para empezar esto debe ser responsabilidad únicamente del CEPLAN, y no del MEF, a quien hay que apartar de esta tarea. CEPLAN  debe pensar en proponer políticas de largo plazo, como alcanzar un crecimiento del P.B.I del 4.5% en los próximos años. 

¿Con la aplicación del SNIP tal como está, se ha incrementado la inversión pública, o ha mejorado la rentabilidad para la sociedad en su conjunto con el incremento del gasto público? 

Actualmente hay poca eficiencia en la inversión pública y lo hubo antes del SNIP, pero este sistema se utilizó únicamente para frenar el gasto público y generar un superávit fiscal.

El sistema que se implante no debe facilitar la corrupción, ni tener tufo populista. Como decía un profesor, “El by pass nunca se hubiera hecho si hubiese habido el SNIP”. Es hora de reestructurar este instrumento de control cuasi colonial que impone el MEF al resto de la administración pública.  

A pesar de medidas para “agilizar” el SNIP, entre las que se cuentan la eliminación de los estudios de prefactibilidad, se constata, que no ha servido para impedir la construcción de “elefantes blancos”, como la Interoceánica o el Gasoducto del Sur. Sirve para obstaculizar el gasto en obras pequeñas como escuelas o postas médicas. No ha frenado obras faraónicas de dudosa rentabilidad social, pero quitó autonomía a las autoridades subnacionales para invertir en pequeñas obras demandadas por la población. 

A la Interoceánica se le eximió del SNIP, el Gasoducto ha pasado por ProInversión. Estamos llenos de obras mal diseñadas, con baja rentabilidad social y que han implicado un despilfarro de recursos. Se debe tener en cuenta que lejos de optimizar la inversión pública, carecer de un sistema de control de inversión pública nos haría retroceder en gestión de los recursos públicos.   

*Economista