El pedido de vacancia y su evidente “trueque” por el indulto al ex presidente Fujimori, han dejado al presidente y al gobierno en una orfandad absoluta.

Más allá de su victoria pírrica, el mandatario ha perdido legitimidad ante la opinión pública, y en nuestra opinión, debió ser vacado por mentir y ocultar sus tratos con las empresas cuestionadas. Si estas trapacerías se las hubieran descubierto a otros líderes, ya estarían en cárcel. Pero la progresía jurídica, política y mediática tiene un estándar para cada caso.

El allanamiento a dos locales de Fuerza Popular ha terminado de configurar una verdadera guerra entre actores civiles y políticos en este país. 

La prisión preventiva dictada contra los ejecutivos de empresas vinculadas a Odebrecht, la grave denuncia contra Susana Villarán, y la intervención a dos locales del fujimorismo es una muestra de la dramática situación que enfrentamos. 

En ambos casos, esperamos- tal vez ingenuamente- que encuentren las pruebas para proceder a una acusación fiscal seria. Si no se hace, el Fiscal Sánchez y su equipo debería renunciar por su propia voluntad. Hasta ahora han hecho un papelón mayúsculo, actuando reactivamente y por presión política y mediática.