Nuestra situación es el resultado de años de falta de acuerdos y problemas políticos e institucionales que no han generado un mayor crecimiento económico, sumándole a todo esto la corrupción.

Los esfuerzos que se deben efectuar para dinamizar la economía no están siendo efectivos ya que las prioridades políticas van por otro lado, en el caso del Congreso de la Republica y el Ejecutivo. Ambos poderes siguen maltratando la institucionalidad y están más preocupados, lamentablemente, por su agenda de impunidad.

Un ejemplo claro lo constituye el Decreto Supremo N.º 044-2024-EF, del 29 de marzo que autorizó un crédito suplementario de S/ 50’430,449 al Congreso, para financiar “gastos de personal, servicios y equipamiento”. Antes el legislativo contaba con 180 parlamentarios, sin los modernos aparatos informáticos y su presupuesto era menor.

Desde “Detrás de la Cortina” le reiteramos al ministro de Economía, algo que sabe perfectamente: la necesidad de disminuir el déficit fiscal. Este año, no debe superar el 2,4% del PBI. El 2023 cerró en 2,8%, a pesar de que existe un compromiso de reducirlo en forma paulatina: 2.4% en 2023, 2% en 2024, 1.5% en 2025 y 1% en 2026.

La incertidumbre política provocada por el Gobierno y el Congreso afecta la estructura del Poder público y privado, sumándole la falta de acción de la Justicia sobre hechos de corrupción, lo que genera, a la larga, una caída de la inversión. Los que nos gobiernan enfrentan el reto de ponerse de acuerdo para llegar a consensos mínimos a fin de que nuestro país no se convierta en un Estado fallido. En ese sentido, los escándalos políticos generan una sensación de precariedad institucional, mientras que la corrupción y la inseguridad ciudadana son variables no económicas que generan temor en los pequeños inversionistas.                                             

La corrupción no es un asunto menor, en razón que afecta la vida, las empresas y el Estado. Al respecto, López Calera (1997), afirma: “la corrupción política, cuando se convierte en delincuencia común, promueve una crisis de legitimidad en el Estado social y democrático de Derecho; por esta corrupción política aparecen críticas al Estado democrático; el pueblo se queja – con toda la razón– de los políticos, pero finalmente terminan quejándose del Estado a quienes esos políticos dicen que representan”.

La corrupción es contraria al crecimiento, en vista que desalienta a la inversión privada al dañar la predictibilidad del sistema jurídico. Disminuye las condiciones para la generación de empleo, en razón que promueve la incertidumbre jurídica, la inestabilidad política e inseguridad pública, entre otros.

No debemos olvidar que un gobierno débil, un Congreso al extremo populista ocasiona incertidumbre puede llevar a nuestro país al precipicio. Tenemos un Estado que está a la deriva donde los que conducen no solo no gobiernan, sino contribuyen al caos.

Jon Meachan, historiador estadounidense en su obra sobre Abraham Lincoln humano y real, decía sobre esa nación: un país en conflicto, dividido socialmente, económica y geográficamente entre norte y sur con una clase política podrida, un orden económico injusto y una democracia en peligro. Esa descripción podría referirse al Perú de hoy, pero nos traslada a Estados Unidos de 1860.

La crisis política, económica y social que venimos atravesando en el presente año debe hacer pensar al equipo de gobierno, sobre el grave riesgo macroeconómico y sus implicancias en la población. Llegó la hora de evaluar bien cuál ha sido el papel del estado en la historia del crecimiento. ¿Qué papel juega el Estado en el crecimiento de la riqueza? ¿Qué clase de Estado es bueno para el crecimiento una democracia o una dictadura? ¿Es el Estado irremediablemente corrupto o incompetente? Robert Skidelsky (profesor emérito de economía en la Universidad de Warwick y pensador de la economía actual).

Michael Porter, gurú de la competitividad, en su visita al Perú dijo que “la corrupción es una de las deficiencias graves que limitan el desarrollo; que los éxitos pueden irse al demonio si no limpiamos el sistema judicial, que se debe alcanzar un Estado de derecho (un sistema judicial efectivo sin corrupción), así como instituciones políticas sólidas (estabilidad política y un gobierno efectivo), de lo contrario no retomaremos el crecimiento”.

Por lo tanto, se debe reformular el rol del Estado, cambiar la estructura del aparato institucional, y cambiar la visión política y dar soluciones a los problemas de la sociedad.

La Constitución de 1993 establece en sus artículos 58° y 59°, que estamos en una economía social de mercado, y que el Estado orienta el desarrollo del país actuando en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Así mismo, brinda oportunidades a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Es decir, el Estado interviene cuando lo considera necesario, e implica una competencia justa y libre elección del consumidor, contiene un orden social, económico político integrado, reconoce una política de mercado, y regula la economía a través de un Estado descentralizado.

Debemos construir una alternativa que ponga fin a la casta que hunde al Perú, para aplicar una economía social de mercado sin corrupción, con justicia para todos, que termine los políticos deshonestos, los empresarios rapaces, y los profesionales que engañan y venden sus servicios a los mercenarios de la política.